El estatus socioeconómico, la falta de recursos financieros y las barreras regulatorias son factores clave que influyen en la capacidad de las personas refugiadas y migrantes para cubrir sus necesidades básicas. La crisis por la COVID-19 y las medidas preventivas, como las medidas de confinamiento generalizado y el cierre de negocios, han agravado vulnerabilidades arraigadas relacionadas con el acceso inadecuado a los alimentos, al alojamiento, la atención médica, la educación y el empleo. Una gran mayoría de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela han tenido dificultades para acceder a los mercados: como las tres limitaciones principales, se ha reportado el temor a salir debido a la pandemia, las limitaciones de movimiento y las preocupaciones por la seguridad, junto con un aumento general de los precios de los alimentos en comparación con los anteriores a la pandemia. En general, los datos muestran que las prioridades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela son el acceso a la alimentación, el alojamiento y encontrar un empleo (o fuentes de ingresos). Muchas personas refugiadas y migrantes de Venezuela pagan un alquiler por su vivienda, sin embargo, el riesgo de desalojo ha aumentado considerablemente durante la pandemia. Por ejemplo, en Ecuador, la Evaluación Conjunta de Necesidades mostró que el 44 % de la población encuestada había sido desalojada porque no podía pagar el alquiler y el 36 % tuvo que mudarse a un lugar con costos de alquiler más bajos. En Colombia, el 72 % de los hogares que dan prioridad a los alimentos y el 80 % de los que dan prioridad al alojamiento reportaron que preferían las transferencias de efectivo como modalidad de asistencia.

La respuesta se centrará en las necesidades humanitarias, intensificadas por la COVID-19, y al mismo tiempo apoyará a los actores en la búsqueda de soluciones duraderas para las personas refugiadas y migrantes y las comunidades de acogida afectadas. En general, las transferencias monetarias, en concreto las transferencias de efectivo multipropósito (MPC, por su sigla en inglés) son un instrumento adecuado y viable para responder a las necesidades identificadas, minimizando el uso de estrategias de afrontamiento negativas y actuando como una red de apoyo para los refugiados y migrantes durante la crisis económica y de salud actual que se espera que continúe durante 2021 al tiempo que respalda los mercados locales, además de permitir la continuidad de la entrega, mitigando los riesgos de transmisión de COVID-19. Como resultado, en 2021 se desembolsarán unos 183 millones de USD en asistencia mediante transferencias de MPC. Con el apoyo de 47 socios de 17 países, las plataformas nacionales y subregionales prevén llegar a 1,3 millones de personas refugiadas y migrantes y comunidades de acogida con transferencias de efectivo multipropósito. EL Grupo de Transferencias Monetarias (GTM) regional tiene como objetivo conseguir mayores niveles de complementariedad y coherencia entre las distintas acciones de asistencia en efectivo y cupones (CVA, por sus siglas en inglés) que se realizarán en el marco del RMRP y facilitar la ampliación de MPC de manera eficaz en la región, prestando así apoyo a las plataformas nacionales y subregionales (y también de sus GTM) y a los distintos sectores. Como muestran los resultados de una encuesta regional, la promoción de vínculos entre la asistencia humanitaria y los sistemas de protección social es una prioridad fundamental para los socios. Por consiguiente, el GTM regional seguirá fomentando el diálogo y la colaboración entre los GTM nacionales y subregionales y las autoridades nacionales para fortalecer esos vínculos, aprovechando la presencia de los socios sobre el terreno y la labor que se desarrolla desde hace tiempo con los sistemas de protección social,para apoyarlos cada vez más en la prestación de asistencia a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela mediante transferencias monetarias. Se distribuirá MPC en países con presencia de poblaciones de personas refugiadas y migrantes, y en comunidades de acogida afectadas donde se identifiquen vulnerabilidades socioeconómicas. La respuesta en efectivo se centrará en hogares vulnerables que, debido a la falta de recursos económicos, no consiguen cubrir sus necesidades básicas, están expuestos a riesgos de protección (incluidas personas sobrevivientes de VBG o personas en riesgo de VBG o desalojo), sufren inseguridad alimentaria, no pueden acceder a una vivienda decente y segura, utilizan mecanismos de adaptación negativos para cubrir sus necesidades o no pueden participar en actividades para lograr su integración socioeconómica, por nombrar algunos. También es importante comprender mejor el papel que puede desempeñar las tranferencias monetarias en la protección y el empoderamiento de personas con discapacidad en contextos humanitarios, o los riesgos que pueden enfrentar las personas con discapacidad cuando acceden al efectivo en esos contextos. Se prevé que los socios pondrán en práctica las transferencias monetarias como instrumento complementario para facilitar el acceso a bienes y servicios que contribuyen a objetivos sectoriales específicos, especialmente seguridad alimentaria, protección (incluida la VBG), alojamiento (asistencia para el alquiler) e integración, y para asegurar la continuidad de la provisión, aplicando medidas para mitigar los riesgos de transmisión de la COVID-19. Además, en la encuesta regional, los socios destacan la importancia de situar la protección de las personas refugiadas y migrantes en el centro de la CVA, y que el análisis de género ha sido una prioridad para evaluar las diferentes modalidades de asistencia, así como la creación de mecanismos que permitan la provisión de información, la participación y los mecanismos de retroalimentación en las actividades de CVA para 2021.